Compartimos nuestra experiencia a través de artículos que explican, analizan y profundizan en los principales temas jurídicos del país.
El artículo analiza las implicancias del artículo 334° del Código Procesal Penal, que otorga al denunciante no agraviado la facultad de impugnar decisiones fiscales. Se cuestiona si esta figura vulnera el principio de legitimidad procesal y desnaturaliza el rol del Ministerio Público como titular de la acción penal.
En el curso de mi experiencia profesional, me he topado con varios casos que por su naturaleza y complejidad resultan ser muchas veces curiosos (por no decir feos y a veces, hasta incomprensibles); sin embargo, hace un tiempo atrás me tocó asumir la defensa de un caso bastante particular.
En reciente pronunciamiento, el Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia recaída en el Expediente N.º 00008-2024-PI/TC, de fecha 27 de junio de 2025, ha precisado un fundamento de singular trascendencia para la defensa de los derechos fundamentales en el marco de los procesos de extinción de dominio.
El día 7 de junio de 2025 se publicó la Ley N.º 32374, norma que introduce importantes modificaciones al Código Procesal Penal, con efectos positivos directos para las personas que se encuentren inmersas en una investigación penal.
Análisis crítico sobre la crisis del acceso a la justicia en el Perú durante la pandemia y su impacto en los litigantes. Reflexión sobre las normas internacionales y constitucionales que garantizan este derecho-deber, y la urgencia de modernizar el sistema judicial para evitar su colapso y pérdida de legitimidad.
Reflexión penal crítica sobre el estado de emergencia por COVID-19 y la aplicación de las causas de justificación frente a restricciones constitucionales. Análisis del artículo 289 del Código Penal, la teoría del delito y la desobediencia a la autoridad en situaciones excepcionales.
Análisis crítico de los presupuestos de la prisión preventiva conforme al Acuerdo Plenario 01-2019/CIJ-116 y su aplicación en el caso “Los árbitros”. Se examina el nivel probatorio exigido, el peligro procesal, la presunción de inocencia y la necesidad de aplicar este mecanismo de forma excepcional y motivada.
La Ley N.º 30997 incorpora nuevos delitos al Código Penal relacionados con el financiamiento prohibido de organizaciones políticas, sancionando tanto la recepción de fondos ilícitos como el falseamiento de información económica. Este análisis explica los alcances de los artículos 359-A, 359-B y 359-C, así como la responsabilidad penal de candidatos,
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú exige el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. Este artículo analiza cómo estos principios, tradicionalmente aplicados a personas naturales, también deben garantizarse a las empresas, en el marco del sistema vicarial y la Ley 30424 sobre
El artículo examina cómo el derecho a la información puede colisionar con el carácter reservado de la investigación penal. Se reflexiona sobre la interpretación constitucional de ambos derechos y su impacto en la transparencia y el debido proceso.